El Pentágono responde a Anthropic en los tribunales: sus "líneas rojas" son un "riesgo inaceptable para la seguridad nacional"

El conflicto entre Anthropic y el Departamento de Guerra de Estados Unidos ha entrado en su fase judicial más intensa. El Pentágono ha presentado su primera respuesta formal a las demandas de la compañía ante un tribunal federal de California, y el argumento central es contundente. Según el gobierno, las llamadas "líneas rojas" de Anthropic, sus restricciones de uso de la IA, representan un "riesgo inaceptable para la seguridad nacional".

El escrito de 40 páginas no es solo una defensa de la designación de Anthropic como riesgo para la cadena de suministro, la clasificación que desencadenó toda esta crisis. Es también una advertencia sobre lo que el Departamento de Guerra considera el peligro real, a saber, que Anthropic pudiera "intentar deshabilitar su tecnología o alterar preventivamente el comportamiento de su modelo" en medio de "operaciones de combate" si la compañía considera que sus principios están siendo vulnerados.

Es decir, el Pentágono no discute tanto lo que Anthropic ha hecho, sino lo que podría hacer. La posibilidad de que una empresa privada tenga la capacidad técnica y la disposición ideológica de intervenir sobre sistemas desplegados en entornos militares activos es, según el Departamento de Defensa, incompatible con las necesidades operativas de las fuerzas armadas.

El origen de un conflicto que lleva meses escalando

Para entender el alcance de esta disputa conviene recordar el punto de partida. Anthropic firmó el verano pasado un contrato de 200 millones de dólares con el Pentágono para desplegar su tecnología en sistemas clasificados. Durante las negociaciones posteriores sobre los términos de uso, la compañía fijó dos condiciones no negociables. Primero, que su IA no fuera utilizada para vigilancia masiva de ciudadanos estadounidenses y, segundo, que la tecnología no estaba lista para participar en decisiones de objetivos o disparo de armas letales. El Pentágono, liderado por el secretario Pete Hegseth, respondió que una empresa privada no podía dictar al ejército cómo usar su tecnología.

La ruptura derivó en la designación de Anthropic como riesgo para la cadena de suministro, una clasificación de consecuencias graves que habitualmente se reserva para amenazas de seguridad nacional como influencia extranjera o ciberataques. Tras esa designación, Anthropic anunció que impugnaría la decisión en los tribunales, solicitando además una medida cautelar que bloqueara la aplicación de la designación mientras se resuelve el litigio. El escrito del Pentágono presentado esta semana es precisamente la respuesta a esa solicitud.

La ironía del momento no pasa desapercibida. Como se informó en su momento, el Departamento de Defensa utilizó las herramientas de Anthropic para planificar el ataque aéreo contra Irán del 28 de febrero, pocas horas antes de que Trump ordenara el cese del uso de la tecnología de la compañía en sistemas federales. Esa misma tecnología que ahora se describe como un riesgo inaceptable fue la que se usó en una de las operaciones militares más sensibles de los últimos meses.

Apoyo amplio a Anthropic y acusaciones de censura ideológica

En sus demandas, Anthropic ha acusado al Departamento de Defensa de vulnerar la Primera Enmienda de la Constitución, argumentando que la designación es una forma de represalia basada en las posiciones ideológicas de la compañía sobre el uso responsable de la IA, no en ninguna amenaza real a la seguridad.

Ese argumento ha encontrado respaldo significativo en la industria tecnológica. Empleados y representantes de OpenAI, Google y Microsoft, junto a varias organizaciones de derechos civiles, han presentado escritos en apoyo de Anthropic ante el tribunal. Es una señal de hasta qué punto el sector considera que este caso establece un precedente sobre los límites del control gubernamental sobre empresas tecnológicas privadas.

La vista para decidir si se concede la medida cautelar solicitada por Anthropic está fijada para el próximo martes. La decisión del juez determinará si la designación puede seguir aplicándose mientras se sustancia el juicio, con todo lo que eso implica para los contratos de terceros que dependen de Claude en entornos clasificados y que, según ha trascendido, podrían tardar meses en migrar a soluciones alternativas dada la certificación de seguridad única que posee el modelo.

Fin del Artículo. ¡Cuéntanos algo en los Comentarios!